Es un lugar destinado a la disposición final de desechos o basura, en el cual se toman múltiples medidas para reducir los problemas generados por la contaminación que puede producir la basura. Es un método de ingeniería para la disposición de residuos sólidos en el suelo, de manera que se le dé protección al medio ambiente.
Es una forma de participación ciudadana que permite a la ciudadanía influir en las responsabilidades del Estado. Las acciones del control social son básicamente la vigilancia, fiscalización, seguimiento, evaluación, crítica y sanción hecha por la ciudadanía a la administración pública.
Son las responsabilidades democráticas de la ciudadanía, las cuales están enmarcadas en el respeto y defensa del Estado Social de Derecho. La democracia necesita ciudadanos responsables y conscientes de sus derechos y deberes. Cada miembro de la sociedad tiene el deber de convivir con los demás de una manera respetuosa, para que cada uno pueda formar y desarrollar íntegramente su personalidad, en razón de los principios de solidaridad política, económica y social.
Son derechos que tiene toda persona por su condición de ser humano. Son un conjunto de normas internacionales, en que las cuales se define el comportamiento y los beneficios que las personas o grupos de personas pueden esperar o exigir de los gobiernos. Sus principales fuentes son los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos (1966) y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), las Convenciones relativas al Genocidio (1948), la Discriminación Racial (1965), la Discriminación contra la Mujer (1979), la Tortura (1984) y los Derechos del Niño (1989).
Estos derechos son reconocidos por la Constitución, son los derechos básicos que se le deben garantizar a una persona y funcionan como protección de los derechos del individuo, incluso frente a los intereses de la mayoría.
Consignado en el Artículo 23 de la Constitución Política de Colombia, es una herramienta que sirve para obtener información sobre la forma de actuar de los funcionarios y funcionarias de las entidades públicas. Además sirve para saber qué se hace en las diferentes oficinas públicas, conocer sobre las normas que regulan las acciones públicas, para vigilar y obtener información de empresas privadas que cumplen con funciones públicas, y para conocer métodos, procedimientos y formularios. Todo esto se hace invocando el derecho ciudadano a la información. Se interpone ante cualquier entidad o persona de la administración pública o ante personas privadas que cumplan funciones públicas. Lo pueden interponer todas las personas que tengan un interés particular o general en relación con los asuntos públicos. Las entidades tienen 15 días hábiles para dar respuesta cuando se trata de una petición de interés general o particular, 30 días cuando se trata de una consulta y 10 días cuando se solicitan copias. Por supuesto, se interpone ante la entidad que tenga la información.
El Estado tiene la obligación de garantizar a todos los niños y niñas, sin discriminación, beneficio, protección y asistencia, el acceso a la educación y atención médica, las condiciones para desarrollar plenamente su personalidad, habilidades y talentos, un ambiente propicio para crecer con felicidad, amor y comprensión, y la información sobre la manera en que pueden alcanzar sus derechos y ser parte del proceso en una forma participativa.
Los ciudadanos tienen derecho a un medio ambiente sano. Lo anterior es un derecho colectivo que reconoce que todos los seres humanos tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza, en donde la paz, el desarrollo y la protección del medio ambiente son necesarios e inseparables.
El derecho a la salud es el bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Por esto es necesario que las acciones de la administración pública promuevan la salud, la prevención de la enfermedad, el suministro de medicamentos, la atención de urgencias, la prestación del servicio oportuno y de calidad, y el diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad, sin importar sus costos.
Todos los ciudadanos tienen derecho a la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. El Estado debe garantizar la participación democrática de sus habitantes en los programas de recreación y cultura, sin discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo.
La movilidad es un derecho de las personas que tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida, facilitar el desplazamiento y usar el espacio público sin dificultad. Es necesario que el medio físico satisfaga las necesidades de todas las personas, ya que todas tienen el mismo derecho a desplazarse y relacionarse con su medio, a través de la circulación de las personas y las cosas.
Es un derecho constitucional que establece que el Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, la cual es obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprende como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. De esta manera, el Estado debe garantizar que todos los niños y niñas en edad escolar tengan acceso al sistema educativo. Para eso es necesario ofrecer una educación adecuada y de calidad, a través de programas de estudio y métodos de enseñanza que resulten eficaces y de interés para los estudiantes.
Sirve para que las conductas irregulares sean investigadas y se apliquen los correctivos necesarios. La presenta cualquier individuo que tenga un inconveniente con una entidad pública o privada.
Consiste en la participación real de los miembros de un pueblo o de una comunidad, en las decisiones que determinarán su propio destino. Es el ejercicio de la libre autodeterminación de una comunidad que posee valores como el reconocimiento y el respeto por la dignidad del otro, la aceptación del pluralismo y de la diversidad, y la búsqueda del bien común por encima de los intereses particulares. En Colombia la Constitución Política de 1991, consagra la democracia participativa, lo que quiere decir que las decisiones son el resultado de un diálogo en el que participan (directa o indirectamente) todos los ciudadanos.
Es una herramienta legal que protege los derechos fundamentales de las personas que viven en Colombia, cuando estos derechos son afectados o amenazados. De esta manera, la Acción de Tutela protege a cada persona, asegurándole el derecho a la vida, la igualdad, el debido proceso, el libre desarrollo de la personalidad, el trabajo, la paz, la libertad de pensar y de creer en una fe, la intimidad personal y familiar, entre otros.